Miércoles, 17 de julio de 2024.

El mandatario Samuel García da presuntamente contratos del DIF a grupo empresarial mismos con los que  paga por servicios jurídicos de su despacho.

Tras referir que durante el gobierno de García Sepúlveda se han  triangulado recursos mediante contratos a empresas privadas del gobernador y exempleados convertidos en funcionarios.

De acuerdo con el medio, el DIF de Nuevo León ha realizado 14 pagos por 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, una empresa propiedad de Grupo Cimarrón, que contrató, a través de Distribuidora Dámago, los servicios de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho propiedad del gobernador de Nuevo León y de su padre, Samuel García Mascorro.

No obstante, se ha reportado que dichos pagos los habría realizado un exempleado del despacho del gobernador, Miguel Sánchez, actual director estatal de MC, y quien fue relevado de su cargo en 2022 y quien junto a Mariana Cantú , enfrenta un proceso judicial por su responsabilidad administrativa por la negligencia del Estado en el asesinato de un menor de edad, Ángel Moreno, en el DIF Fabriles, aunque Sánchez obtuvo un amparo para no ser imputado por esta causa.

La comercializadora Don Cacahuato, suministra desayunos en escuelas públicas de Nuevo León y entrega miles de despensas que el gobierno de Samuel García reparte a través de los programas sociales, estatales para embarazadas,  menores de 5 años y adultos mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, forma parte de un conglomerado de empresas que tiene como accionistas a Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Octavio Ruiz, propietarios de distribuidora Damago, la filial de Grupo Cimarrón, que en septiembre de 2023, habría pagado 4.6 millones de pesos al despacho de su Samuel y su papá.

Los pagos del DIF que se entregaron entre marzo de 2022 y enero de 2024, ascendieron a 820, 225 000 pesos. Uno de los más altos habría sido de 181 millones de pesos (2023), por casi 8 millones de insumos para desayunos.

El contrato más reciente fue en marzo de 2024, el cual se habría realizado por un monto máximo de 553 millones de pesos.