Sábado 10 de Agosto,2024

Contrario a lo divulgado, Samuel García Sepúlveda y su padre, Samuel García Mascorro, no son los legítimos propietarios del terreno de 17.6 hectáreas que se les atribuye en San Pedro Garza García, como presunto pago por negocios en el extranjero de Grupo Domos, ligado a los intereses de Grupo Gentor.

Contrario a lo divulgado, Samuel García Sepúlveda y su padre, Samuel García Mascorro, no son los legítimos propietarios del terreno de 17.6 hectáreas que se les atribuye en San Pedro Garza García, como presunto pago por negocios en el extranjero de Grupo Domos, ligado a los intereses de Grupo Gentor

 Se acudió al Registro Público de la Propiedad sólo para encontrar que la información de la escritura del predio en disputa esta “bajo reserva”, es decir, no puede ser consultada. Si la transacción fue lícita ¿cuál es la intención de ocultar esa información?

De confirmarse los hechos estaríamos frente a lo que, en lenguaje coloquial se denomina, un “agandalle”; es decir, Samuel García Mascorro y su hijo -el gobernador de Nuevo León- pretenderían apoderarse por la mala, sin tener derecho, de una propiedad que no les pertenece.

Una investigación permite establecer que la historia del sonado caso sobre el exclusivo terreno en la Mesa de la Corona dista mucho de ser lo que se publicó. Y revela que estamos frente a lo que se perfila como un flagrante abuso de autoridad, conflicto de interés e incumplimiento de contratos que amenazan con colocar al despacho jurídico y fiscal de los Samueles frente a la justicia.

El caso se inicia con la revelación que el 24 de mayo de 2024 un video titulado “Hasta las manitas” y en el que se revela que Grupo Gentor y sus filiales pagaron, en los últimos años, 778 millones de pesos por servicios prestados a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de los tres Samueles, García Mascorro, García Sepúlveda y García Villarreal. Eso los convertía en los principales clientes de un despacho que en los tres años que tiene Samuel García Sepúlveda como gobernador ha facturado dos mil 400 millones de pesos en servicios.

Unos días después, los diarios del Grupo Reforma revelaron que el gobernador de Nuevo León y su familia habrían adquirido un terreno de 17.6 hectáreas en San Pedro Garza García, propiedad de las familias Garza Sepúlveda, Garza Calderón y Garza Buffington, accionistas de Grupo Domos, valuado presuntamente en 700 millones de pesos, cifra coincidente a la publicada .

Una investigación permite establecer que la historia del sonado caso sobre el exclusivo terreno en la Mesa de la Corona dista mucho de ser lo que se publicó. Y revela que estamos frente a lo que se perfila como un flagrante abuso de autoridad, conflicto de interés e incumplimiento de contratos que amenazan con colocar al despacho jurídico y fiscal de los Samueles frente a la justicia.

La historia se inicia en 2016 cuando Javier Garza Calderón, entonces presidente y director general del consorcio regiomontano, buscaba rescatar una inversión que sus filiales de telecomunicaciones realizaron en el extranjero y que superaba entonces los 400 millones de dólares.

Bajo la asesoría legal de un despacho de abogados se propuso que, para efectos fiscales, se contrataran los servicios de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de Samuel García Mascorro y de sus hijos, Samuel García Sepúlveda y Samuel García Villarreal. En ese entonces -2016- Samuel García Sepúlveda transitaba de diputado local a senador.

Los años transcurrieron entre largos litigios hasta que, en la frontera a buscar la gubernatura de Samuel García Sepúlveda, el despacho anunció que estaban en la antesala de resolver el conflicto y recuperar los más de 400 millones de dólares, por lo que tendrían que hacer el depósito de los honorarios que en esa primera parte superaban los 300 millones de pesos.

Grupo Domos solicitó tiempo para cubrir con su propio flujo el compromiso, a lo que los Samueles accedieron, siempre que existiera una garantía de por medio que cubriera el monto de esos honorarios. Javier Garza Buffington, ya despachando como director general de Grupo Gentor, accedió a poner sobre la mesa las escrituras de 18 hectáreas en la exclusiva Mesa de la Corona.

De acuerdo a las investigaciones, jamás existió la voluntad de que el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados hiciera válida esa garantía que se presentó como “pago anticipado”, considerando que, si bien el valor catastral de poco más de 300 millones de pesos cubría los honorarios solicitados, el valor comercial del terreno superaba los mil 200 millones de pesos. Es decir, cuatro veces el valor de la garantía.

A los pocos días, Grupo Domos transfirió los 300 millones, a fin de solventar los honorarios pactados, por lo que al hacerlo se debía rescatar la garantía de las 17.6 hectáreas. Pero nada de eso sucedió.

El despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados pretendió cobrarse unilateralmente, con el terreno valuado en mil 200 millones de pesos, la garantía de poco más de 300 millones, a pesar de que ya se habían hecho las transferencias para cubrir los honorarios.

Pero, de acuerdo a fuentes allegadas al caso, el gobernador Samuel García Sepúlveda se negó a devolver el costoso inmueble de la Mesa de la Corona, un predio que es considerado el “filete inmobiliario” más importante de San Pedro Garza García y comunicó, de manera unilateral, que su despacho de consultoría daba por liquidado el adeudo con la ejecución de esa garantía.

Al investigar el caso se encontró que SAGA Tierras y Bienes Inmuebles no sólo se ostentaba ya en el Registro de la Propiedad como el legítimo dueño de las 17.6 hectáreas, sino que había presentado ante la Secretaría del Medio Ambiente, del gobierno del mismo Samuel García Sepúlveda, una solicitud en materia de impacto ambiental para construir una residencia de dos mil 775 metros cuadrados, además de permisos para vialidades interiores de 10 mil 317 metros cuadrados.

La reacción del gobernador de Nuevo León, al darse a conocer la supuesta “compra” de las 17.6 hectáreas, fue la de negar que fuera cierta. “Primero aclarar: yo no compré ningún terreno; si lo prueban, mañana renuncio para acabar pronto”. Y dijo la verdad… a medias. Él no compró el terreno que le pertenece al Grupo Gentor. Sencillamente, se lo apropió, abusando de su autoridad.

En su explicación oficial, hecha a través de un video, Samuel García Sepúlveda dijo que “El caso es que papá -Samuel García Mascorro- quiere cobrar desde el 2020 que ganó el asunto (de Domos) y el cliente no tiene flujo. Y papá no quiere demandarlo y luego embargarle y quitarle terrenos. Mejor llegó a un convenio y el cliente le está dando en pago un terreno evaluado en 300 millones…”.

Lo dicho por el gobernador de Nuevo León fue una flagrante mentira y exhibe dos abiertos ilícitos. Primero, porque de acuerdo al portal tributario, los juicios que están en curso por Grupo Domos apenas alcanzan los 6 mil millones de pesos y no 20 mil millones de pesos, como lo dice en su video Samuel García Sepúlveda.

Segundo, porque Grupo Domos sí pagó en tiempo los honorarios para evitar que se aplicara la garantía de “pago anticipado”. Jamás firmaron una cesión de los derechos sobre las 17.6 hectáreas. Eso lo operaron los Samueles a sus espaldas, aprovechando que, desde su posición como gobernador, Samuel García Sepúlveda podía manipular al Registro Público de la Propiedad.

Y tercero, porque el gobernador violó el secreto profesional de los clientes de su despacho, cuyas relaciones se rigen bajo convenios de confidencialidad. Y lo que es todavía peor, en sus alegatos, Samuel García Sepúlveda argumenta que litiga contra el Sistema de Administración Tributaria en su despacho, cuando como gobernador él tiene bajo su control el sistema estatal tributario, lo que significa un abierto conflicto de interés.

Incluso el gobernador dijo que, a raíz de esta disputa, el gobierno le ha cancelado contratos a Grupo Gentor por ser cliente de su despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, lo que también es un abierto abuso de autoridad, pues lesiona los negocios de una empresa privada con el fin de beneficiar al despacho del cual Samuel García Sepúlveda es socio.

Tras lo dicho por el gobernador de Nuevo León, Grupo Gentor emitió un comunicado en el que dijo: “Desconocemos la información que ha sido divulgada respecto a nuestro grupo empresarial, a nuestros más altos directivos y accionistas, con fines políticos ajenos a nuestros intereses particulares. Hemos sido afectados por señalamientos imprecisos y falsos”, se lee en el desplegado publicado y firmado por Javier Garza Buffington, el presidente de la corporación.

De acuerdo a una investigación , el legislador panista Carlos de la Fuente habría interpuesto una denuncia para integrar una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, en la que se presentan las pruebas correspondientes de que los honorarios reclamados fueron liquidados.

Pero hay todavía algo peor que el despojo. La Firma Jurídica y Fiscal Abogados mintió al cobrar esos 300 millones de pesos por una gestión que dijeron que ya se había cerrado y que hoy, con el terreno despojado y los honorarios entregados, se sabe que es falso.

El caso ni fue resuelto, ni está cerrado. Incluso semanas antes de la elección, el Tribunal Superior de Justicia emitió una resolución en contra de los litigios que llevaba la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, lo que implica que los honorarios no se han devengado, al no haberse ganado los juicios.

En la documentación en poder de la Notaría 149 se hace referencia a que las 17.6 hectáreas en San Pedro son no una garantía, sino un “pago anticipado” por servicios prestados que podrían ser cobrados, solamente contra el éxito de los casos. Eso no ocurrió, se perdieron los litigios.

Además de que las transferencias bancarias de las empresas de Grupo Domos al despacho de los Samueles superan los 510 millones de pesos, una cifra muy por encima de los 300 millones de pesos que se deberían de pagar cuando se ganen esos juicios. Pero hasta hoy están perdidos.